Imagen del águila imperial hallado muerto en 2016 al sur de la provincia de Badajoz. :: HOY

Se trata de una rapazen peligro de extinción geolocalizada en una finca que linda con otra donde los agentes hallaron un plaguicida letal que está prohibido

Tanto la organización de protección de la naturaleza WWF, como la Fiscalía de Badajoz, piden dos años y seis meses de cárcel para el propietario de una finca situada en la Campiña Sur, un vecino de la localidad de Reina al que señalan como responsable del envenenamiento de un águila imperial.

El caso que se acabó de juzgar ayer en Badajoz comenzó a tener recorrido por los antecedentes en esta finca. En 2013 apareció un águila real muerta dentro de esta misma propiedad, se investigó hasta dar con la causa, un envenenamiento, y después hubo indagaciones para dar con el culpable. Sin embargo, aquella causa se archivó. Tres años después, en marzo de 2016, apareció a pocos metros, pero en otra finca colindante, un águila imperial muerta. Agentes de la Guardia Civil y del Medio Natural inspeccionaron la zona y en esta finca hallaron además un milano y zorro muertos. Los cuatro animales tenían en común que habían muerto envenenados con la misma sustancia, un potente pesticida que, precisamente por ser tan letal, está prohibido en la Unión Europea desde 2007.

El Águila imperial ibérica (Aquila adalberti) es una de las seis aves catalogadas por la Junta de Extremadura como ‘en peligro de extinción’, lo que supone el status máximo en cuanto a la fragilidad de su población.

Se señala al culpable de la muerte de esta rapaz al propietario y dueño de una finca que además es coto y que está situada en el término municipal de Valverde de Llerena, ya que en sus dependencias los agentes hallaron un bote con el veneno que tenía el ave muerta y una jeringuilla. Además, en aquella inspección los agentes observaron numerosas artes de caza, la mayoría prohibidas, como cepos, jaulas-trampa y artilugios para la captura de depredadores, indicios suficientes para proseguir con la investigación.

Ayer tuvo lugar la vista en el juzgado de lo Penal número 2 de Badajoz. El juicio ha quedado visto para sentencia y tanto la acusación particular –la organización WWF– como la Fiscalía, solicitaron ayer dos años y seis meses de cárcel para el propietario de la finca, además de la inhabilitación para la caza por cinco años y una indemnización de 90.000 euros que iría a parar a la Junta de Extremadura por ser la responsable de la preservación de esta especie. Por su parte, la defensa pidió ayer la absolución el acusado.

 

Testigos y peritos

Hay que señalar que las investigaciones se iniciaron gracias a la localización de la señal del emisor de seguimiento que llevaba el águila imperial hallada muerta, que en cuanto marcó que el ave se había quedado en el mismo lugar demasiado tiempo seguido alertaron de que podía haber muerto.

Durante la vista celebrada ayer prestaron testimonio ante el juez tanto agentes de la Guardia Civil y del medio natural que pertenecen a esa demarcación, así como expertos del servicio cinológico de la Guardia Civil que trabajan con perros entrenados para el rastreo de venenos. Igualmente, comparecieron ante el juez varios peritos.

Imagen del águila imperial hallado muerto en 2016 al sur de la provincia de Badajoz. :: HOY

Imagen del águila imperial hallado muerto en 2016 al sur de la provincia de Badajoz.

La defensa del dueño de la finca se basó en sembrar la duda sobre si el águila podía haber sido envenenado en otro lugar, pues no apareció en el interior de la finca del acusado. Además, se interesó por conocer si se había respetado la cadena de custodia de las pruebas y dio a entender que para ganaderos y agricultores no es sencillo deshacerse de un plaguicida que antes de 2007 sí era legal.

El abogado del acusado también señaló la existencia de una encina a pocos metros de donde aparecieron los restos del águila, donde había una zorrera, por lo que podría haberse puesto ese veneno desde la otra finca para aniquilar a este otro animal.

Igualmente, la defensa pidió a los agentes que participaron en la inspección que describieran el lugar donde hallaron el veneno, sosteniendo que es una vivienda, por si este hecho pudiera anular el procedimiento debido a una vulneración de derechos. Sin embargo, los agentes se refirieron en todo momento a un lugar destinado a almacenar productos fitosanitarios y no adecuado como morada de una persona.

Hay que saber que el uso de venenos en el campo es una práctica ilegal que practican algunos dueños, principalmente de ganado ovino, para acabar con depredadores de su cabaña. Sin embargo, al emplear métodos no selectivos, resultan afectadas otra especies, en este caso una rapaz en peligro de extinción.

 

Fuente: hoy.es

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